A un paso de ser aprobado, se abrió el debate con opiniones a favor y en contra del proyecto de Ley 2844/2022-CR, que obliga a los operadores del servicio de cable, incluir en su parrilla a los canales de señal abierta.

Los más interesados -y al mismo tiempo los más beneficiados- de esta regulación, son los titulares de los canales de televisión local de señal abierta, de las principales ciudades del país.

El debate y aprobación de este tipo de normas es positivo, porque, pone sobre la mesa política, los intereses de los medios de provincias. En este caso de la televisión local. Hace unos años, esto era imposible. La organización e institucionalización de la radio y la televisión local que promovimos desde la Coordinadora de Medios Locales ha logrado esté contexto.

La petición de los empresarios de televisión abierta es justa y razonable ante el accionar de algunas cableras que han entrado a competir con las televisoras locales, creando canales para difundir y producir programas sin ninguna restricción ni regulación, cuando el fin de estas empresas -inicialmente- solo era transportar la señal de las producciones nacionales e internacionales y cobrar por ellas.

La tecnología aportó en ello; y hoy, requiere una inmediata regulación.

Como está redactado el proyecto de Ley: "los titulares de una autorización para la prestación de servicios de radiodifusión por televisión en una determinada localidad, tienen el derecho a su sola solicitud, de ser incluidos en las parrillas de los prestadores de servicios de distribución de radiodifusión por cable de dicha localidad"; el derecho -de plano- es para todos (2,459 canales de televisión), solo el reglamento o un mejor debate podrá definir que canales serán incorporadas a las parrillas de las cableras. Tener a todos los canales de señal abierta en todas las cableras es discutible.

La capacidad y calidad de los contenidos es otro tema de discusión. Si bien existen canales locales con amplia capacidad para producir programas de calidad y transmitir las 24 horas, también es cierto que existen canales pequeños y medianos que no están en la capacidad de alcanzar esas exigencias, por los altos costos de operatividad y producción. Entonces, si creamos un derecho amplio para todos, debería pensarse como cumplir con esa atribución y obligación que emana de una Ley.

Las voces opositoras al proyecto han venido de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), con argumentos débiles y sin mayor fuerza. Equivocados. Si bien es cierto que, son empresas privadas; pero, sus servicios están regulados y supervisados por el MTC; además, el tema no tiene nada que ver con la libertad de expresión. 

También la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) se ha opuesto y dice que vulnera la Constitución e impide que los agentes privados puedan organizar sus iniciativas empresariales en plena libertad, sin intervención del Estado.

Pero, ¿por qué se opone la SNRTV, siendo un gremio integrado por canales de señal abierta? Se opone porque, todos los canales de televisión de este grupo, ya están incluidos en la parrilla de todas las cableras del país. No necesitan esta "Ley". Incluso varios de esos canales cobran por esa incorporación. Y si los canales locales también aparecen en las parrillas del cable, la audiencia migraría a los canales locales. Serian una competencia imparable para ellos. 

Respecto a la inconstitucionalidad de la Ley, podría ser debatible y conociendo la capacidad de mover influencias para sus intereses, -tanto la SNRTV y AFIN- podrían acudir al TC solicitando declarar la inconstitucional la Ley y traerse abajo todo lo avanzado. Mejor seria perfeccionar la Ley y equilibrar los intereses de todas las partes.

Para quienes quieran conocer en detalle más sobre proyecto de Ley 2844/2022-CR, pueden leerlo aquí:👉 https://acortar.link/PL_2844 👈

*Director de la Coordinadora de Medios Locales